• Lodge a complaint
  • Request for information
Public consultation on the European Ombudsman’s Strategy Towards 201960th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Decisión en el asunto 129/2017/AMF relativo al archivo por la Comisión de una denuncia de infracción contra España

Available languages: es.en
  • Case: 129/2017/AMF
    Opened on 14 Mar 2017 - Decision on 14 Mar 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

El caso se refería al archivo de una denuncia de infracción contra España por una sentencia judicial sobre el derecho a deducción del IVA. El Defensor del Pueblo investigó la cuestión sin poder constatar que la Comisión Europea hubiera incurrido en mala administración al considerar que una sentencia judicial aislada no constituye una práctica administrativa contraria al Derecho de la Unión.

Antecedentes de la reclamación

1. El demandante, de nacionalidad española, presentó una queja ante la Comisión Europea por considerar que los órganos jurisdiccionales españoles cometieron un error al confirmar la decisión de las autoridades tributarias españolas por la que se le denegaba el derecho a la deducción del IVA en relación con determinados bienes y servicios.

2. La Comisión informó al demandante de que solo es competente para intervenir en casos relativos a una posible infracción del Derecho de la Unión por parte de las autoridades de los Estados miembros. La Comisión informó asimismo al demandante de que considera que la legislación española en materia de IVA se ajusta lo dispuesto en el Derecho de la Unión. Por consiguiente, la Comisión comunicó al demandante su intención de archivar la denuncia y le invitó a que presentara observaciones.

3. El demandante presentó observaciones a la Comisión, aduciendo que una sentencia de un órgano jurisdiccional español constituye una «práctica administrativa» de las autoridades españolas que infringe el Derecho de la Unión. Afirmó, por tanto, que la Comisión debía iniciar un procedimiento de infracción contra España.

4. La Comisión respondió señalando que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una «práctica administrativa» tiene que presentar cierto grado de continuidad y generalidad[1], y que una sentencia aislada que, además, se basa en la apreciación de los hechos, no constituye una «práctica administrativa». Dado que no existían elementos que pudieran justificar una reconsideración de su posición, la Comisión archivó el expediente.

5. Al no estar conforme con la decisión de la Comisión, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo Europeo.

La investigación

6. El Defensor del Pueblo inició una investigación en relación con las alegaciones del demandante según las cuales la Comisión Europea erró al decidir archivar su denuncia de infracción y al no motivar sus decisiones. El demandante deseaba que la Comisión Europea reabriera el expediente y presentara un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

7. En el curso de la investigación, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo estudió debidamente la información contenida en la reclamación. En particular, el equipo de investigación efectuó un análisis exhaustivo de la correspondencia intercambiada entre la Comisión y el demandante antes de que este se dirigiera al Defensor del Pueblo.

Archivo de la denuncia de infracción

Argumentos presentados por el demandante

8. El demandante sostiene que la Comisión realizó una apreciación errónea de su denuncia de infracción y no motivó su decisión de archivar el expediente.

Análisis del Defensor del Pueblo

9. El Tratado de la Unión Europea[2] atribuye a la Comisión Europea la responsabilidad de aplicar, ejecutar y hacer cumplir el Derecho de la Unión. La denuncia presentada ante la Comisión se refería a la sentencia de un órgano jurisdiccional español relativa al derecho del demandante a la deducción del IVA. La Comisión explicó al demandante que considera que la legislación española en materia de IVA se ajusta lo dispuesto en el Derecho de la Unión. Aunque siga existiendo la posibilidad de que la «práctica administrativa» de un Estado miembro sea contraria al Derecho de la Unión, la Comisión informó correctamente al demandante de que una sentencia aislada basada en la apreciación de los hechos no constituye una «práctica administrativa». Por consiguiente, ningún elemento apunta a que la Comisión cometiera un error al archivar el expediente. Además, la Comisión comunicó al demandante los motivos de su decisión.

Conclusión

De acuerdo con la investigación sobre la presente reclamación, el Defensor del Pueblo archiva el asunto con la conclusión siguiente:

No hubo mala administración por parte de la Comisión.

Se informará de esta decisión al demandante y a la Comisión Europea.

Estrasburgo, 14/03/2017,

Tina Nilsson

Head of Inquiries - Unit 4

 

[1] Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2007, Comisión/Grecia, C-156/04, ECLI:EU:C:2007:316 [apartado 50]

[2] Artículo 17, apartado 1.