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El Defensor del Pueblo Europeo - Cómo puede ayudarle a resolver sus problemas con la Administración de la Unión Europea

Las empresas, asociaciones y organismos con domicilio social en la Unión Europea pueden presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo relativas a casos de mala administración por parte de las instituciones y órganos de la UE. 

¿Qué puede ser objeto de una reclamación?

El Defensor del Pueblo Europeo investiga las reclamaciones relativas a la mala administración, es decir, una actuación inadecuada u omisión por parte de la Administración. Esto se produce cuando una entidad pública no actúa de acuerdo con la ley, no respeta los principios de la buena administración o viola derechos fundamentales. He aquí algunos ejemplos de problemas tratados por el Defensor del Pueblo Europeo:

  • Retrasos en los pagos
  • Querellas contractuales
  • Problemas relativos a los contratos públicos
  • Denegación de acceso a documentos
  • Demoras innecesarias
  • Violación de derechos fundamentales

 

¿Qué no puede ser objeto de una reclamación?

El mandato del Defensor del Pueblo Europeo está limitado a examinar las reclamaciones presentadas contra las instituciones y órganos comunitarios. No está facultado para investigar:

  • reclamaciones contra las autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados miembros, incluso aunque haya una relación con el Derecho comunitario;
  • las actividades de los tribunales o de los defensores del pueblo nacionales;
  • reclamaciones contra empresas o particulares.

Pero si acude usted a él a causa de un problema que corresponde a alguno de los ámbitos citados, hará todo lo posible para indicarle quién podría ayudarle.

 

¿Por qué presentar una reclamación?

Las empresas y las asociaciones participan con frecuencia en proyectos y contratos públicos de la UE y, por consiguiente, están en contacto directo con las instituciones de la UE. Si surge algún problema, puede dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo; sus servicios son gratuitos, rápidos y flexibles. A veces, basta una llamada telefónica por parte de los servicios del Defensor a la institución correspondiente para resolver el problema.

 

¿Dónde se puede encontrar información adicional?

Si cree que el Defensor del Pueblo Europeo puede ayudarle, visite su página en Internet para obtener más información o póngase en contacto con su Oficina:

El Defensor del Pueblo Europeo
1, av. du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
Francia

Tel. (33) 388 17 23 13
Fax (33) 388 17 90 62

www.ombudsman.europa.eu

 

Ejemplos de casos resueltos por el Defensor del Pueblo Europeo

Retrasos en los pagos

La Comisión Europea pagó facturas por un total de más de 17 000 euros a una pequeña empresa que había recurrido al Defensor del Pueblo Europeo después de haber enviado a la institución siete recordatorios. La Comisión explicó que el retraso se había debido a modificaciones técnicas en los procedimientos presupuestarios y aseguró que esta cuestión se había revisado. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo señaló que las pequeñas y medianas empresas (PYME) son particularmente vulnerables a los efectos de los retrasos en el pago, la Comisión acordó pagar también intereses.

Querellas contractuales

La Comisión acordó una indemnización ex gratia de 21 000 euros a una pequeña empresa después de que el Defensor del Pueblo Europeo llegase a la conclusión de que la Comisión no había dado a la empresa tiempo suficiente para preparar una propuesta en el marco de un contrato de investigación y desarrollo, lo que finalmente hizo que la propuesta fuera considerada no admisible debido a un error que contenía. La Comisión subrayó que tenía el máximo interés en no perjudicar a las PYME y reconoció que circunstancias excepcionales habían impedido que el demandante ejecutase el contrato correctamente.

Problemas relativos a los contratos públicos

El Defensor del Pueblo Europeo consideró que la decisión adoptada por el Parlamento Europeo por la que se rechazaba la oferta realizada por el demandante en el marco de un anuncio de contrato público no constituía mala administración. No obstante, el Defensor sostuvo que la afirmación realizada por el Parlamento respecto a sus potestades discrecionales en este tipo de procedimientos no se ajustaba a lo establecido en las bases de dicho anuncio en este caso concreto, y resultaba asimismo contradictoria con la aplicación que se ha venido haciendo de los principios de la buena administración en casos similares relativos al ejercicio de potestades discrecionales.

Denegación de acceso a documentos

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) acordó un acceso público parcial a un informe de auditoría después de que se presentase una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo. Además, accedió a conceder a la empresa interesada acceso privado a secciones del informe que concernían específicamente al grupo al que pertenecía la citada empresa. El informe se refería a un proyecto financiado por la UE en África en el que había participado el grupo en cuestión. Inicialmente el BEI había denegado el acceso al informe.

Demoras innecesarias

La Comisión tomó una decisión sobre una reclamación por infracción después de que el Defensor del Pueblo Europeo le pidiera que se ocupase del asunto. El Defensor del Pueblo Europeo sostuvo que el argumento de la Comisión de que no lograba alcanzar un consenso político sobre la manera de proceder no la eximía de la obligación de tratar adecuadamente la reclamación. Un proveedor alemán de  apuestas deportivas había presentado una reclamación ante la Comisión porque las autoridades alemanas le habían ordenado que dejase de ofrecer sus servicios, obligándole así a cerrar su negocio. En opinión del demandante, esto constituía una violación de la libertad de prestación de servicios.

Violación de derechos fundamentales

El Defensor del Pueblo criticó a la Comisión que no mostrara haber alcanzado un justo equilibrio entre la necesidad de velar por una buena gestión financiera de sus ayudas y el derecho del demandante, una organización no gubernamental en el ámbito del medio ambiente, a recibir un trato justo y al debido respeto de la presunción de inocencia. La Comisión había rechazado la solicitud de ayuda financiera presentada por la organización en el marco de un programa comunitario, porque la organización era objeto de una investigación judicial preliminar.