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Resumen del informe especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a su investigación de propia iniciativa OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex

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  • Case: OI/5/2012/BEH-MHZ
    Opened on 06 Mar 2012 - Draft recommendation on 09 Apr 2013 - Special report on 07 Nov 2013 - Decision on 12 Nov 2013
  • Institution(s) concerned: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB],Other rights and duties resulting from the Charter of Fundamental Rights and not covered by this list
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters

Frontex[1] se niega a seguir la recomendación que el Defensor del Pueblo Europeo ha formulado tras su investigación del cumplimiento por parte de esta Agencia de los principios en materia de derechos humanos, en particular de los reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La defensora del pueblo, Emily O'Reilly, enviará este informe especial al Parlamento Europeo para solicitar su apoyo en relación con este asunto.

La gestión de la inmigración y, en particular, de los desafíos que presenta la entrada irregular de inmigrantes, plantea enormes retos de índole jurídica y humanitaria para la UE. Ello provoca, irremediablemente, tensiones entre el interés legítimo por controlar la inmigración y la exigencia humanitaria de ofrecer a los inmigrantes en situación irregular un refugio seguro durante la tramitación jurídica de sus solicitudes de asilo. Frontex, que desempeña su actividad en primera línea junto con las autoridades de los distintos Estados miembros, debe aspirar a lograr el difícil equilibrio entre estas dos demandas contrapuestas. En el pasado, las implicaciones de las actividades de Frontex para los derechos humanos ya habían suscitado preocupación, pero esta se agudizó cuando la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE adquirió carácter vinculante en 2009.

La UE trató de hacer frente a estas preocupaciones mediante la aprobación, en 2011, de un Reglamento[2] que exigía explícitamente a Frontex que actuase de conformidad con la Carta en el ejercicio de su actividad. Además, dicho Reglamento pedía a Frontex que adoptase medidas administrativas para promover el cumplimiento de la Carta, así como medidas de control de dicho cumplimiento. Dichas medidas incluían la elaboración de un Código de Conducta aplicable a las operaciones de Frontex, el nombramiento de un agente interno responsable en materia de derechos fundamentales y la creación de un Foro Consultivo sobre derechos fundamentales.

En marzo de 2012, el entonces defensor del pueblo, P. Nikiforos Diamandouros, inició una investigación de propia iniciativa sobre los progresos realizados por Frontex en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Carta y del citado Reglamento de 2011. El Defensor del Pueblo invitó a representantes de la sociedad civil y a otras partes interesadas a colaborar con la investigación, y recibió dieciocho aportaciones en respuesta a su petición.

El Defensor del Pueblo llegó a la conclusión[3] de que, en líneas generales, Frontex había hecho progresos razonables para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de la Carta y el Reglamento. No obstante, el Defensor del Pueblo detectó que Frontex carece de mecanismos con los que gestionar incidentes concretos de alegaciones de infracción de los derechos fundamentales que puedan producirse en el curso de su actividad. El Defensor del Pueblo considera que la falta de un mecanismo de reclamación interna constituye una deficiencia grave en las medidas adoptadas por Frontex. Por una parte, la carencia de dicho mecanismo significa que Frontex no mantenerse plenamente al tanto de los problemas o reclamaciones en relación con su funcionamiento; por otra parte, las personas que deseen presentar una reclamación no tienen la posibilidad de que Frontex la tramite directamente.

El Defensor del Pueblo recomendó a Frontex que implantase un mecanismo que le permitiese gestionar directamente las reclamaciones de las personas que alegasen que la Agencia había vulnerado sus derechos fundamentales. Por desgracia, Frontex optó por hacer caso omiso de esta recomendación.

Uno de los argumentos clave esgrimidos por Frontex es que los incidentes concretos que son objeto de reclamación son, en última instancia, responsabilidad del Estado miembro en cuyo territorio se produjeron. El Defensor del Pueblo se niega a aceptar que Frontex no asuma la responsabilidad de las acciones que lleva a cabo el personal que se encuentra a su cargo. Dicha responsabilidad, en ciertos casos, puede ser compartida con el Estado miembro en cuestión, pero es inadmisible que Frontex esté exento de cualquier responsabilidad y que, por tanto, no haga frente a las reclamaciones derivadas de acciones en las que ha participado.

La postura que defiende el Defensor del Pueblo es también la que sostiene la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que, en abril de 2013, adoptó una resolución titulada «Frontex: responsabilidades en materia de derechos humanos»[4]. En su resolución, la Asamblea pedía a la UE que garantizase que tanto los Estados miembros como Frontex cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en especial mediante la creación de un mecanismo de reclamación para aquellas personas que consideren que Frontex ha vulnerado sus derechos. En el informe que elaboró para la Comisión de Migración, Refugiados y Personas Desplazadas de dicha Asamblea Parlamentaria, el ponente del Consejo de Europa señalaba que la postura adoptada por Frontex era un intento de solucionar el problema por la vía rápida y que no se sostendría ante un tribunal. El ponente concluía que era necesario que Frontex estableciese un mecanismo de reclamación para las personas afectadas por sus actividades[5].

El Defensor del Pueblo solicita el apoyo del Parlamento Europeo a fin de que Frontex siga la recomendación de establecer un mecanismo de reclamación propio.


[1] Frontex (la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea) se creó en 2004.

[2] Reglamento 1168/2011/UE.

[3] El proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo Europeo en relación con esta investigación está disponible en: http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark

[4] http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19719&Language=EN

[5] http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19547&Language=EN